El 15 de mayo el ministro de Energía y Minas, Iván Rodríguez, anunciaba el fin del contrato con la multinacional norteamericana Occidental Petroleum Corporation, OXY. Reivindicación fuertemente arraigada en los movimientos sociales y que, junto al re El 15 de mayo el ministro de Energía y Minas, Iván Rodríguez, anunciaba el fin del contrato con la multinacional norteamericana Occidental Petroleum Corporation, OXY. Reivindicación fuertemente arraigada en los movimientos sociales y que, junto al rechazo de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, ha marcado las duras movilizaciones desarrolladas en marzo y abril por los estudiantes, campesinos y trabajadores ecuatorianos. A un año de la rebelión popular que provocó la caída de Lucio Gutiérrez (sustituido por el que fue su vicepresidente, Alfredo Palacio) la situación política y social en Ecuador sigue siendo convulsa, las masas ecuatorianas vuelven a ser protagonistas y amenazan nuevamente con trastocar los planes del imperialismo y la burguesía nacional.
Las movilizaciones iniciadas a principios de marzo, con una huelga general de 24 horas y una movilización nacional el día 8, con especial incidencia en la capital, se extendieron rápidamente por todo el país a partir del 13 de marzo, con bloqueos de carreteras, ocupaciones de instalaciones petroleras, y la convocatoria de una marcha a Quito por parte de la Confederación Nacional de Asociaciones Indígenas de Ecuador (CONAIE) han tenido mucho que ver en la adopción de esta medida.
En marzo el presidente del Congreso hablaba de que el país vivía una “verdadera convulsión (...) una situación crítica, estamos camino de la anarquía y, probablemente, a la disolución”. El pánico a la repetición de una situación similar a la que un año antes había terminado con Lucio Gutierrez estaba presente. La debilidad del gobierno Palacio es un hecho, sin haber solucionado ninguno de los problemas de las masas ecuatorianas y sin enfrentarse a las exigencias del imperialismo EEUU, el descontento social ha ido en aumento. El salario medio de un trabajador está en 280 dólares y la cesta de la compra supera los 400 dólares. Los efectos de la dolarización son evidentes, como relata María “una ristra de cebollas costaba 500 sucres” antes de la eliminación de la moneda nacional y “ahora cuesta 50 centavos de dólar, unos 12.500 sucres” (El País, 2 de abril 2006). Si en abril de 2005 Palacio tenía un índice de popularidad del 53%, un año después ha bajado a un peligroso 12% y el 62% de la población considera que el país está peor que hace un año (encuesta Cedatos-Gallup, abril 2006).
Esta debilidad política está en la base de la respuesta inicial del gobierno Palacio: la represión. Desde el 21 de marzo se declaró el estado de emergencia en varias provincias del país. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, amenazó incluso con que las Fuerzas Armadas dispararían ya que “no se plegarán al capricho de los grupos sociales”. Desgraciadamente la amenaza no quedó sólo en eso y el 6 de abril en el transcurso de una manifestación estudiantil en la ciudad de Cuenca asesinaron a un joven.
El propio presidente Palacio hablaba de que “las exigencias contra el TLC y OXY son consignas políticas y no existe ninguna explicación para las manifestaciones” y su análisis de la situación se resumía en la ya machacona “conspiración para desestabilizar el país”. Detrás de esta fachada se esconde el temor al movimiento.

Nueva Ley de Hidrocarburos y anulación del contrato a OXY

La presión de la movilización y la situación de tensión creciente ha sido determinante para que el gobierno de Palacio se haya visto obligado a cambiar de táctica por el momento. El 29 de marzo el Congreso aprobaba una nueva Ley de Hidrocarburos que obliga a las multinacionales a renegociar los contratos con el objetivo de aumentar las aportaciones que a partir de ahora deberán pagar las petroleras al Estado. Las más afectadas, por su mayor presencia en el país, son precisamente OXY y Repsol YPF.
Como muy bien señalaba uno de los dirigentes de la CONAIE, en la asamblea que reunió a principios de abril más de 500 delegados para discutir sobre el plan de movilización, “esto demuestra que las movilizaciones indígenas están surtiendo efecto. Sin embargo, hoy más que nunca debemos continuar con nuestra misión” (El País, 2/04/06).
Las reacciones a esta ley no se hicieron esperar. El presidente de la Asociación de la Industria de Hidrocarburos, René Ortiz, hablaba de que esta medida “pone en peligro las inversiones privadas en el sector”. Lo que no dice este respetable representante de la patronal es que la inversión de compañías como OXY que, según fuentes de la empresa, invirtieron 1.100 millones de dólares en el país están más que compensadas con lo que han sacado: más del doble de esa cantidad. Lo que tampoco dice este señor es que el Estado ha dejado de ingresar entre los años 2003 y 2005, por no haber reformado antes esta ley, 730 millones de dólares. Y es que el saqueo de los recursos naturales al que están sometidos todos los países de América Latina no conoce límite. Las ansias de beneficio de las petroleras no conocen límite. OXY opera en Ecuador desde 1985 y en la actualidad extrae unos 100.000 barriles de petróleo diarios (un tercio de los que explotan las multinacionales), un negocio que le reporta cuatro millones de dólares al día. Desde 1999, bajo la presidencia de J. Mahaud —presidente que tuvo que salir huyendo del país durante la revolución del año 2000 —, el negocio de OXY se redondeó ya que se cambiaron los contratos permitiendo una distribución escandalosamente ventajosa para la petrolera, que se quedaba con el 80% de la producción frente a un ridículo 20% para el Estado.

‘TLC aprobado,
Palacio derrocado’

Sólo quince días después de la aprobación de la Ley de Hidrocarburos —que provocó tensiones en el gobierno ya que Palacio, ante las presiones del imperialismo, estaba dispuesto a volver a revisarla, enfrentándose al ministro de Economía, Diego Borja, que insistió en “dejarla como está” —, el gobierno decide rescindir el contrato de OXY, y todo ello precisamente en el momento en que tienen que reanudarse las negociaciones con EEUU para la firma del TLC.
Humberto Cholango, dirigente de la organización indígena ECUARUNARI afirmaba que era “un triunfo del movimiento indígena y de los movimientos sociales para frenar a las empresas transnacionales (...) El siguiente paso es luchar por la nacionalización del petróleo en el Ecuador y por la inmediata entrega de todas las instalaciones de la OXY a la estatal Petroecuador, si no se cumple esto nuevamente nos movilizaremos”.
Efectivamente, esto es una victoria de la movilización de las masas ecuatorianas y es un nuevo golpe para el imperialismo norteamericano en América Latina. En las manifestaciones se gritaba “TLC aprobado, Palacio derrocado”, ahora EEUU ha roto las negociaciones con Ecuador en represalia y el TLC se encuentra en el aire en otro país más, gracias a la intervención de las masas. Ni Washington, ni el gobierno de Ecuador están felices por esta situación. Son conscientes de que han llegado a este punto por la entrada en acción de las masas ecuatorianas, que han obligado al gobierno de Palacio ha enfrentarse con el imperialismo, muy a su pesar. Algunos afirman que “Palacio ha dejado sin discurso a los candidatos para las presidenciales de mediados de octubre” (El País, 18/05/06) y que en el fondo, todo es una maniobra para poder salir victorioso en la contienda electoral. Sin embargo, lo cierto es que el gobierno de Palacios se encuentra en una situación muy delicada. Es un superviviente de una revolución que dejó a medias sus tareas. Al revelar su debilidad de forma tan clara, lejos de contener el movimiento lo que está consiguiendo es animarlo aún más. En Ecuador se está preparando otra oleada que amenaza con llevarse por delante a Palacio definitivamente. Este, sin ningún punto de apoyo, se ve obligado a hacer piruetas para sobrevivir. Todo eso en un escenario latinoamericano que se debate entre un capitalismo que es incapaz de ofrecer nada a las masas y una salida revolucionaria.
El resultado de las elecciones presidenciales de octubre de este año aún es pronto para señalarlo. Durante el II Congreso de ECUARUNARI-CONAIE celebrado entre el 18 y 20 de mayo se decidió llevar un candidato propio a las presidenciales de otoño, Luis Macas, presidente de CONAIE, que hacía el siguiente balance de la movilización: “En dos semanas de protesta hemos cambiado el rumbo de Ecuador y hemos puesto sobre la mesa del debate el TLC. Sin nosotros se hubiese firmado ya y a tragar”. En ese congreso se decidió, además, exigir la nacionalización de los recursos estratégicos (petróleo, hidrocarburos, minas, electricidad,...), la suspensión definitiva del TLC y estar vigilantes para que el gobierno no de marcha atrás en la suspensión del contrato a OXY. Este es un paso importante, ahora es imprescindible que el movimiento de masas en Ecuador se dote de un programa que se plantee la ruptura con el capitalismo.