El viernes 12 de septiembre informábamos del ataque a campesinos seguidores del MAS en el departamento de Pando, en el oriente boliviano. En aquel momento dijimos que las bandas a sueldo del prefecto opositor, Leopoldo Fernández, habían asesinado a 9 personas. Pero sólo después se descubrió todo el alcance de la masacre, con un saldo de 30 muertos y muchos más aún desaparecidos.

El jueves 11 de septiembre unos 1.000 campesinos de las comunidades rurales de Puerto Rico, Madre de Dios y El Palmar, se dirigían a Cobija, la capital de Pando. Iban a participar en un ampliado de campesinos para oponerse a la violencia fascista orquestada por el prefecto reaccionario. Bandas bien armadas de sicarios a sueldo de la prefectura habían ocupado los edificios gubernamentales y el aeropuerto, creando un clima de terror en las calles de Cobija, un acto que formaba parte de la ofensiva general de la oligarquía descrita correctamente por Evo Morales como un "golpe cívico empresarial".

Los funcionaros del Servicio Departamental de Caminos, que en los últimos meses han sido entrenados y armados convirtiéndose de facto en un grupo paramilitar, intentaron detenerlos pero sin éxito. Después levantaron un bloqueo de carretera más efectivo cerca de la ciudad de Porvenir: una zanja de 2 metros de profundidad y 10 de ancho para evitar que nadie pudiera pasar.

Cuando llegaron los campesinos, les esperaban hombres armados y montados en volquetas del Servicio de Caminos del departamento que abrieron fuego sobre los campesinos. "De pronto escuchamos disparos y algunas personas cayeron heridas. Hombres, mujeres y niños corrieron a todo lado para salvar sus vidas, pero muchos fueron heridos o tomados por la fuerza para ser torturados", recuerda Roberto Tito, testigo directo de la masacre.

"Fuimos matados como chanchos, con ametralladoras, con rifles, con escopetas, con revolver. Los campesinos solo traían sus dientes, palos, ondas, no traían escopetas. Luego de los primeros disparos, algunos huyeron hacia el río Tahuamanu, pero les persiguieron y les dispararon", cuenta Shirley Segovia, dirigente de una subcentral de Porvenir. (Artículos publicados en Bolpress).

Unas cien personas tuvieron que pasar la frontera hacia Brasil porque temían por sus vidas. Informes de testigos presenciales dicen que algunos de estos sicarios a sueldo eran brasileños del otro lado de la frontera. Algunos de los asesinados fueron ejecutados con un solo disparo en la nuca. Los familiares y compañeros que intentaban recuperar los cuerpos también fueron atacados, algunos de ellos fueron capturados y torturados. El mismo tipo de tratamiento recibieron aquellos que visitaron a los heridos en los hospitales locales.

La violencia continuó durante todo el jueves y el viernes. Las bandas a sueldo del prefecto departamental Leopoldo Fernández continuaron asesinando a campesinos desarmados, atacando particularmente a los dirigentes. La versión de los acontecimientos del prefecto es que hubo un enfrentamiento armado entre dos grupos de personas armadas. Esto es totalmente ridículo si se tiene en cuenta que el 95 por ciento de los muertos o heridos formaban parte de la marcha campesina o eran campesinos de esas comunidades.

Karina Escalante Guerra, una profesora local del consejo rural Filadelfia, expresó la rabia que la mayoría de los trabajadores y campesinos bolivianos debieron sentir la semana pasada: "Nosotros queremos pedir al Gobierno de una vez actué, tenemos amenazas de que vienen a quemar la Alcaldía, quieren al Alcalde, yo no sé qué hace este Gobierno, por qué no manda de una vez a las Fuerzas Armadas (...) Hemos sido los que más le hemos apoyado [a Evo Morales] en el Revocatorio ahora que demuestre que está de nuestro favor, de lo contrario nosotros nos vamos a levantar en contra del Gobierno, porque hasta ahora hemos demostrado que estamos peleando a favor del proceso de cambio que impulsa, pero no a favor del cambio para que haga matar a nuestra gente", manifestó en una entrevista telefónica a Red Erbol.

La situación era tal que incluso la representante del gobierno en Pando, Nancy Texeira, lloraba cuando criticó al gobierno y exigió una acción inmediata para salvar a las personas que estaban siendo asesinadas.

Finalmente, a las 7 de la tarde de viernes, el gobierno de Evo Morales intervino, declaró el estado de sitio en Pando y envió al ejército para que recuperara el control del aeropuerto de Cobija

Pero incluso entonces, la primera reacción del prefecto fue desafiar el estado de sitio y el toque de queda. Grupos fascistas asaltaron dos armerías para armarse aún más. En los enfrentamientos entre el ejército y la derecha por el control del aeropuerto murieron dos personas, un civil y un joven conscripto de 17 años.

El sábado por la noche, el ejército aún no había recuperado el control del aeropuerto y el ministro de presidencia, Juan Ramón Quintana, llegó con más tropas. Sólo el domingo 14 de septiembre el ejército consiguió recuperar el aeropuerto y se empezó a dirigir hacia la misma ciudad de Cobija. Según los informes del gobierno y de las organizaciones campesinas, algunos de los sicarios implicados en la masacre huyeron a Brasil.

Ese mismo día se celebraron varias manifestaciones convocadas por el prefecto y el "comité cívico", desafiando el toque de queda y con la consigna cínica de "paz".

El ejército y otros funcionarios del gobierno no han llegado aún a la zona de la masacre como para determinar totalmente su alcance, así que el número de muertos puede ser aún mayor. Mientras que el ejército luchaba por el control del aeropuerto, las bandas derechistas cumplieron su amenaza de incendiar la humilde casa de madera que sirve de ayuntamiento en Filadelfia.

 ¿Inactividad del ejército?

Nada de esto tenía que haber ocurrido. Durante tres días, desde el martes 8 hasta el jueves 11 de septiembre, la oligarquía lanzó una ofensiva destinada a derrocar al gobierno de Morales. Ocuparon violenta e ilegalmente edificios del gobierno en aquellos departamentos donde controlan a los prefectos, cerraron medios de comunicación que no seguían su línea política, desafiaron el poder del gobierno central, atacaron los locales de las organizaciones campesinas, amenazaron y dispararon a dirigentes obreros, ocuparon los aeropuertos, los gaseoductos y campos gasíferos, etc.,

En algunos casos los trabajadores y campesinos resistieron. Las bandas fascistas no pudieron entrar en el Plan 3.000, el barrio obrero y pobre densamente poblado de Santa Cruz. Se pusieron bloqueos de carreteras en San Julián, también en el departamento de Santa Cruz. En Tarija, los campesinos consiguieron contraatacar y expulsar a las bandas fascistas que habían tomado el mercado local.

Pero el gobierno no hizo nada. Los soldados y la policía tenían órdenes estrictas de no abrir fuego ni reprimir. Como resultado de esta medida, fueron superados por pequeños grupos de fascistas bien organizados y armados. Los ministros del gobierno denunciaron lo que estaba ocurriendo como un "golpe cívico empresarial" y apelaron al respeto de la ley. Pero sólo eran palabras. El fiscal del estado, Uribe, respondió que se le estaba pidiendo que actuara como la policía y el ejército al mismo tiempo, que ese no era su trabajo y que se lavó las manos de cualquier responsabilidad.

Cuando la gente de San Julián quiso marchar a Santa Cruz para acabar con los ataques fascistas y ayudar a sus hermanos y hermanas en el Plan 3.000, los dirigentes locales del MAS les aconsejaron que no lo hicieran. El argumento era que "no debemos caer en provocaciones... Debemos evitar enfrentamientos que lleven al asesinato de personas que puedan ser utilizados por la oposición".

La masacre de Porvenir finalmente forzó al gobierno a tomar medidas.

¿Fue una sorpresa que el prefecto de Pando actuara de la forma en que lo hizo? No lo fue. Leonel Fernández fue funcionario en dos gobiernos dictatoriales durante los años ochenta. Es un representante bien relacionado con la oligarquía local de Pando que ha gobernado este departamento poco poblado de una manera casi feudal durante muchas décadas.

Representa los intereses de los terratenientes, de la industria maderera y los dueños de los ranchos, y está vinculado al narcotráfico que se desarrolla a través de la frontera con Brasil. En 2006, la entonces ministra del gobierno Alicia Muñoz, ya advirtió que el prefecto estaba armando y entrenando a grupos paramilitares a través del Servicio de Caminos. El año pasado el prefecto ordenó quemar la casa de un senador regional que había votado a favor de la reforma agraria.

Y después, el 10 de agosto, en el referéndum revocatorio, Evo Morales ganó en Pando con un 52 por ciento de los votos. Esto es algo que Fernández no podía tolerar. Las provincias de las que procedían estos campesinos eran aquellas que habían votado masivamente a Evo. Fernández temía perder su puesto como prefecto, que utiliza para dominar el departamento para la oligarquía.

¿Por qué el ejército no actuó más pronto? En Bolivia y Venezuela se ha generado una gran polémica pública sobre esta cuestión. El domingo, el presidente venezolano Hugo Cávez acusó al alto mando del ejército boliviano de declararse en "huelga de brazos caídos" durante esos días, y mencionó específicamente al comandante en jefe boliviano, el general Trigo, como responsable de lo ocurrido. "Yo sé que ese general y otros generales tienen allá (en Bolivia) una especie de huelga de brazos caídos, que han permitido a los fascistas paramilitares masacrar al pueblo de Bolivia". Algunos periodistas argentinos bien informados han dicho que el alto mando del ejército se reunió con Evo Morales la semana pasada y le dijo que si él quería que el ejército detuviera a las bandas fascistas ellos querían una orden escrita y firmada que les permitiese el uso de la fuerza.

Chávez ya ha avisado que al ejército boliviano que si hay un golpe o es asesinado Evo Morales, él intervendría para apoyar cualquier movimiento armado del pueblo en Bolivia. Trigo respondió que Bolivia era un país soberano y rechazó "cualquier intervención extranjera". El domingo Chávez insistió en que si había un golpe en Bolivia, él no se quedaría de "brazos cruzados" y aunque dijo que Trigo tenía razón al rechazar una intervención extranjera, le desafió a que hiciera una declaración pública contra la intromisión de EEUU en los asuntos internos de Bolivia.

Chávez incluso fue más concreto en sus acusaciones contra el general Trigo al decir que él tenía información de que "Anoche el general Trigo se fue a Pando (...) Entonces el gral. Trigo se fue para allá, pero en vez de ir a hacer cumplir el decreto presidencial del Estado de Sitio, anoche fui informado directamente de fuentes muy cercanas allá, que él (Trigo) llegó y ordenó que las tropas se acuertelaran, y abandonaran el aeropuerto y la protección a la ciudadanía. Cosa extraña, general Trigo". Esto, de ser cierto, podría explicar por qué el ejército tardó 24 horas en recuperar el aeropuerto y por qué el ministro de presidencia tuvo que ir a supervisar personalmente la operación.

A pesar de las afirmaciones del ministro de defensa de que el ejército permanece unido y leal al gobierno, todo apunta en la dirección contraria. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

¿Más negociaciones?

La semana pasada vimos a la oligarquía lanzar un intento de derrocar al gobierno. El intento ha fracasado, por ahora. No consiguieron tomar el poder y comenzaron a provocar una respuesta masiva por parte de los trabajadores y campesinos. Por esa razón ahora han dado medio paso atrás.  En Santa Cruz, el líder del comité cívico, Marinkovic, declaró el final de los bloqueos de carretera, pero insistió en que mantendrían todos los edificios públicos que habían tomado por la fuerza.

El viernes hubo una reunión entre el gobierno y el gobernador de Tarija, Cossio, representando a los prefectos de los departamentos orientales. ¿Por qué el gobierno quiere hablar con los líderes de un movimiento que ellos mismos han descrito como un "golpe"? El lunes siguió otra reunión y al final de la cual Cossio dijo: "hemos puesto un 80 por ciento de las bases para un acuerdo significativo".

Mientras tanto, Evo Morales y otros ministros del gobierno insistían en que habría un castigo para el prefecto de Pando, Fernández, y que él no era una parte legítima en las negociaciones. Sin embargo, los otros prefectos salieron en defensa de Fernández. ¿En qué se diferencia de Rubén Costas, el prefecto de Santa Cruz, que es responsable de la organización de asaltos violentos contra edificios públicos durante los últimos días o que a principios de agosto hizo un llamamiento a un golpe militar?

Hoy, se ha convocado en Chile una reunión de UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), entre los asistentes estará Evo Morales, la presidenta argentina Kirchner, el presidente brasileño Lula y el venezolano Chávez. El resultado probable de esta reunión será una declaración en defensa de la unidad nacional y soberanía de Bolivia, e rechazo a todos los actos violentos e ilegales, y... la necesidad de una solución negociada al conflicto.

Cualquiera que sea el resultado inmediato del episodio actual de este enfrentamiento en Bolivia, lo que está claro es que no se pueden reconciliar los intereses de la oligarquía y los intereses de los trabajadores y campesinos bolivianos. Si Evo Morales sigue adelante con el referéndum para la nueva constitución política (que incluye la reforma agraria), entonces tarde o temprano, la oligarquía intentará otro golpe.

Por otro lado, las organizaciones de masas de trabajadores y campesinos también sufren una intensa presión para que entren en acción. Fidel Surco, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones por el Cambio (CONALCAM), anunció que "si los prefectos no abandonan los edificios que han ocupado, entonces vamos a ocupar su tierra". La poderosa Federación Sindical de Mineros (FSTMB) declaró el estado de emergencia para todos sus miembros y anunció movilizaciones: "No vamos a permitir otra masacre" dijeron. La reunión nacional de la COB del viernes anunció movilizaciones estatales para mañana martes y planteó la idea de una marcha nacional a Santa Cruz de "trabajadores, campesinos y del pueblo pobre en general".

Este conflicto sólo puede decidirse en uno de dos sentidos: o la oligarquía, con la ayuda del imperialismo norteamericano, sale victoriosa y Bolivia se hunde en otra dictadura militar sangrienta, o los trabajadores y campesinos completan la revolución expropiando el poder político y económico de la oligarquía.

El sábado por la noche Evo Morales se dirigió a una reunión de trabajadores y campesinos en Cochabamba, en ella declaró que esta era una lucha por la liberación nacional y la unidad, que el proceso de cambio "no dará marcha atrás". Es el momento de sacar las conclusiones necesarias de estas palabras correctas.  Inevitablemente habrá una nueva ofensiva de la clase dominante. Pero no puede pillar desprevenida a la población, hoy las consignas son: formación de comités de acción (asambleas populares, cabildos abiertos, etc.,) y el armamento del pueblo.