El jueves 28 de agosto el presidente boliviano Evo Morales emitió dos decretos presidenciales convocando para el 7 de diciembre el referéndum sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y las elecciones a prefectos (gobernadores regionales) de Cochabamba y La Paz, y para los subprefectos y concejales departamentales de las nueve regiones del país.

Esta decisión fue el resultado de la presión del movimiento de masas de trabajadores y campesinos tras la victoria de Evo Morales en el referéndum revocatorio del 10 de agosto, donde recibió el 67,41 por ciento de los votos. Incluso después de esta masiva victoria, sectores del gobierno, y hasta cierto punto el mismo Evo Morales, continuaron haciendo llamamientos a la derecha para negociaciones y conciliación.

Como ya avisábamos ( ver Referéndum revocatorio en Bolivia, apoyo masivo para el cambio ¡Es hora de avanzar!), la oligarquía respondió intensificando su campaña de sabotaje, organizando bloqueos de carreteras, sabotaje económico, desafiando la autoridad de las instituciones del Estado en las regiones donde ellos controlan a los prefectos, utilizando a las bandas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para intimidar a los seguidores del MAS de Evo Morales. Esta campaña culminó con la convocatoria de un paro nacional el 19 de agosto.

Esto provocó una reacción por parte de las masas. En el barrio Plan 3.000 de Santa Cruz de la Sierra (una de las regiones dominadas por la oligarquía), la población se enfrentó a las bandas fascistas de la UJC y las persiguieron por las calles. En Chuquisaca, las organizaciones campesinas bloquearon la capital Sucre para presionar al prefecto de la oposición.

Esta reacción de las masas (ver Bolivia: una nueva ofensiva de la oligarquía, las masas responden en las calles), provocó el caos en la oligarquía. El paro nacional fue un fracaso y los bloqueos de carreteras sólo afectaron realmente a la región de Chaco, en el este del país. También creó divisiones entre los gobernadores de la oposición y sus "Comités Cívicos", entre ellos hay quienes piensan que ha llegado el momento de una ofensiva total contra el gobierno nacional y luego otros que piensan que no tienen las fuerzas necesarias para ello.

El ambiente de confianza entre las masas cristalizó en una reunión plenaria nacional de la Coordinadora de Organizaciones por el Cambio, celebrada el sábado 23 de agosto en Cochabamba. Cientos de delegados de organizaciones campesinas e indígenas, pero también de organizaciones obreras y sindicales, se reunieron con Evo Morales y exigieron que no diera ninguna concesión más a la oposición y que, sobre la base de la victoria en el referéndum revocatorio, el gobierno debía avanzar y convocar un referéndum para aprobar la nueva constitución (CPE).

El resultado de esta renovada presión de las organizaciones de base que apoyan al gobierno del MAS llevó a Evo Morales a tomar la decisión de anunciar el decreto presidencial convocando el referéndum constitucional del 7 de diciembre.

La nueva Constitución

La CPE es el resultado de meses de discusiones en la Asamblea Constituyente durante el año pasado. Desde el principio avisamos que la Asamblea Constituyente sería una trampa para el movimiento de masas de trabajadores y campesinos, destinada a desviar su lucha hacia la red del parlamentarismo burgués, las enmiendas, las discusiones interminables y los compromisos. Y era particularmente así porque las normas de la Asamblea Constituyente exigen una mayoría de 2/3 para aprobar cada uno de los artículos de la constitución. Como el MAS no tiene esa mayoría en la asamblea, eso significa hacer concesiones en todos los puntos cruciales a la oligarquía y los representantes de la clase dominante.

Finalmente, hace un año, después de meses y meses de punto muerto, los representantes del MAS, bajo la presión de la base, intentaron cambiar las normas de la Asamblea Constituyente. Esto llevó a un enfrentamiento físico y al bloqueo de la asamblea por parte de la derecha en Sucre. Después de unos cuantos meses más de negociaciones, conciliación, concesiones y contraofensiva, finalmente, se aprobó un borrador de Constitución en una sesión de la asamblea celebrada en Oruro, un feudo del MAS, sin la participación en la asamblea de los miembros de la oposición. Se acordó que la mayoría de los puntos discutibles, es decir la reforma agraria, se decidirían en un referéndum separado, para decidir si el límite de la propiedad de la tierra sería de 5.000 o 10.000 hectáreas.

La CPE propuesta contiene muchos puntos progresistas, entre ellos el derecho a la educación gratuita y universal, la sanidad y las pensiones, el reconocimiento de los derechos indígenas en un país donde el racismo aún es un instrumento poderoso de la clase dominante. También habla del carácter nacionalizado de los recursos naturales y cómo éstos no se pueden privatizar. También incluye una reforma agraria de gran alcance que pondría en peligro el latifundio, uno de los principales pilares del poder económico de la clase dominante boliviana. Claramente, desde el punto de vista de los intereses de las masas, la constitución también tiene serias limitaciones, sobre todo su reconocimiento del derecho a la propiedad privada.

Sin embargo, lo más importante con relación a la CPE no es tanto lo que realmente está escrito, sino cómo la entienden las masas. Para las masas, la constitución es la expresión de sus viejas aspiraciones para intentar dar un golpe decisivo a la oligarquía principalmente blanca que domina el país desde los tiempos del colonialismo español. Para los trabajadores y los campesinos representa su voluntad de marcha atrás a veinte años de políticas antiobreras que diezmaron al movimiento obrero boliviano y los derechos que habían conquistado con su lucha. La clase dominante, los terratenientes, los banqueros y el imperialismo también ven esta constitución como una amenaza fundamental a sus intereses, a su poder político y económico.

Por estas razones, los marxistas apoyamos la nueva CPE y pedimos el sí en el referéndum. Sobre la cuestión de la reforma agraria, obviamente, apoyamos el principio de "más tierra para distribuir, menos poder para la oligarquía". Al mismo tiempo, avisamos que una constitución por sí sola no resolverá los problemas de los trabajadores y campesinos, que la oligarquía no se someterá a un referéndum o elecciones democráticas si sus intereses son desafiados. Por esta razón es necesario preparar a los trabajadores y campesinos para una movilización de masas, a través de comités de acción, para llevar a la práctica su programa.

La conspiración de la oligarquía

Como era de esperar, tan pronto como el presidente Morales anunció la convocatoria del referéndum, la clase dominante y el imperialismo iniciaron una campaña en su contra. Saben muy bien que si se vota ellos sufrirán una profunda derrota, como se demostró en los resultados del referéndum del 10 de agosto.

Los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca anunciaron que el referéndum no se organizaría en sus regiones y amenazaron con intensificar su campaña actual de bloqueos de carreteras y sabotaje económico. El viernes 29 de agosto, una marcha del Sindicato de Trabajadores Departamentales (COD) de Santa Cruz, en apoyo del referéndum constitucional, fue atacada por bandas armadas de la UJC, que después organizaron un pogromo racista atacando a cualquier persona sola de origen indígena que se encontraban por la calle (ver imágenes).

Y después, el Tribunal Electoral Nacional intervino el lunes 1 de septiembre con una decisión en la que decía que el presidente no tiene autoridad para convocar un referéndum, que tal decisión debe ser adoptada por el Congreso, donde el MAS no tiene una suficiente mayoría. También dijo que no había el tiempo necesario para convocar elecciones (son necesarios 120 días) y que el censo electoral debe ser sometido a una completa revisión.

En esta ocasión, incluso el vicepresidente Álvaro García Linera, normalmente representante del ala más conciliadora del MAS y el gobierno, declaró que "independientemente de lo que ocurra, el referéndum sigue adelante" y pidió a los bolivianos "defender sus derechos democráticos de una manera combativa a través de la movilización".

Las organizaciones de masas hoy 3 de septiembre están celebrando una asamblea en el barrio Plan 3.000 de Santa Cruz (un gesto simbólico de apoyo a los trabajadores y los barrios del Plan 3.000 que desafiaron a las fascistas UJC el 19 de agosto) para decidir qué medidas de movilización se adoptarían para garantizar la celebración del referéndum constitucional. Han amenazado con rodear el parlamento el próximo martes cuando éste se reúna para analizar la convocatoria del referéndum.

El presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOP), Adolfo Chávez, ha dicho que tomarán la situación en sus propias manos y organizarán una marcha sobre Santa Cruz. El secretario ejecutivo del Sindicato Regional de Trabajadores de El Alto (COR), Edgar Patana, ha declarado que no aceptarían la suspensión del decreto y avisó de que ellos "garantizarían en las calles su aplicación". Las organizaciones campesinas y sindicales en la región de Chaco han declarado que han estado reuniendo sus fuerzas para disolver los bloqueos de carreteras de la oposición que están afectando ya al suministro de alimentos y combustibles en varias zonas del país.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones por el Cambio (Conalcam) también ha hecho un llamamiento a la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) para que se unan a ellos en esta campaña. La COB tiene por tanto otra oportunidad de jugar un papel correcto en esta lucha. La convocatoria de una huelga general por parte de la dirección de la COB contra el gobierno de Morales sólo unos días antes del referéndum del 10 de agosto (en medio de una campaña masiva de la oligarquía y el imperialismo) fue un error serio. Solares y Montes han pagado por ello siendo censurados y destituidos de sus cargos en una asamblea de masas de los mineros de Huanuni.

La clase obrera debe ponerse a la cabeza de la nación en la lucha contra el imperialismo y la clase dominante local. No se puede estar en contra de las masas de trabajadores y campesinos que apoyan al gobierno del MAS, todo lo contrario, hay que formar un frente único contra la clave dominante y en el proceso de la lucha demostrar que la única salida es la expropiación de los capitalistas, terratenientes y las multinacionales.

Como hemos dicho durante mucho tiempo, el enfrentamiento entre las clases en Bolivia no es sólo por la constitución o los derechos democráticos. Es una lucha fundamental entre intereses de clase opuestos. La oligarquía ha reconocido bastante claramente esta situación y está utilizando todos los medios a su disposición (legales e ilegales) para defender su poder político y económico. Los trabajadores bolivianos y campesinos necesitan reconocer esto y arrebatarles el poder político y económico.