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BOLIVIA: Imprimir Correo electrónico
Martes 14 de Octubre de 2003
En Bolivia la temperatura social y política se encamina hacia su punto de ebullición. El pasado lunes 29 se inició la huelga por tiempo indeterminado decretada por la Central Obrera Boliviana (COB) y se anuncia el bloqueo total de los caminos y rutas En Bolivia la temperatura social y política se encamina hacia su punto de ebullición. El pasado lunes 29 se inició la huelga por tiempo indeterminado decretada por la Central Obrera Boliviana (COB) y se anuncia el bloqueo total de los caminos y rutas por la COB y las diferentes organizaciones campesinas. Los luchadores obreros y populares de Latinoamérica y de todo el mundo dirigen sus miradas y corazones hacia sus hermanos, los trabajadores y campesinos bolivianos, en espera de un triunfo decisivo sobre la podrida burguesía boliviana y el imperialismo.
La protesta arrancó hace dos semanas con diversas movilizaciones populares que tenían como objetivo presionar al gobierno proimperialista de Sánchez de Lozada para que cancelara los acuerdos suscritos con las multinacionales petroleras para la exportación y venta del gas boliviano a los Estados Unidos, cuyo traslado se efectuaría a través de puertos chilenos. Pero el conflicto dio un salto cualitativo el sábado 20 de septiembre con la masacre perpetrada por el ejército contra los campesinos, estudiantes y maestros que bloqueaban un camino en la localidad de Warisata, en el altiplano boliviano, donde 5 campesinos (entre ellos una niña de 8 años) fueron asesinados y más de 30 resultaron heridos.
La demanda de la nacionalización del gas se ha transformado en una bandera de guerra para los trabajadores y campesinos bolivianos que vieron en las últimas dos décadas cómo la burguesía nacional entregaba los principales recursos de la nación a las multinacionales extranjeras, mientras que el país se hundía cada vez más en la pobreza y la miseria.

La situación social y económica de Bolivia
Bolivia es uno de los países más empobrecidos de Latinoamérica, con un PIB de apenas 7.800 millones $US en el 2002. La pobreza golpea al 64% de la población, alcanzando al 82% en las zonas rurales. Un tercio de los obreros perdieron su empleo en los últimos 5 años, mientras que se incrementó en igual proporción el trabajo eventual, la explotación laboral y la reducción de los salarios, en un país donde el despido libre sin derecho a reclamo es legal, y se utiliza para empeorar las condiciones de trabajo y disciplinar a los trabajadores.
El principal recurso del país durante siglos fue la minería, que fue diezmada en los últimos 20 años por las políticas entreguistas y privatizadoras de los gobiernos de turno. La falta de inversión tecnológica por el Estado, en primer lugar, y la posterior privatización de casi todo el sector minero desde 1985 (cuya nacionalización fue una de las principales conquistas de la revolución del 52), han tenido los efectos más desastrosos sobre el sector. Mientras que las minas rentables se las reparten 10 empresas privadas que emplean a unos 3.000 trabajadores, produciendo dos tercios de la producción minera del país; cerca de 50.000 mineros tuvieron que reconvertirse en cooperativistas malviviendo de pequeñas explotaciones mineras que aportan el tercio restante a la producción minera nacional.
La situación de los campesinos también es sangrante. En Bolivia, el 87% de la tierra (28 millones de hectáreas) están en manos del 7% de los propietarios, mientras que la masa de millones de campesinos pobres apenas posee 4 millones de hectáreas, el 13% restante (fuente: Econoticiasbolivia.com-ArgenPress.info 1/8/2003).
El capitalismo boliviano está sumergido en una crisis muy profunda. El déficit público es del 8%. Las recetas del FMI insisten en recortar el gasto público y en subir los impuestos a las masas trabajadoras, en un país donde las inversiones extranjeras (1.000 millones $US) casi doblan las inversiones públicas (585 millones $US).
El nuevo Código Tributario aprobado por el gobierno de Sánchez de Lozada consiste en perdonar el 60% de las deudas tributarias a los empresarios, lo que supone un monto de 300 millones $US, equivalente al 40% del déficit público del Estado, mientras que se mantiene la presión impositiva sobre los asalariados y el resto de las capas oprimidas de la sociedad. De esta manera, todo el peso de la crisis y de la descomposición del capitalismo boliviano se deposita sobre los hombros de los trabajadores y los campesinos pobres, mientras que la burguesía nacional y los funcionarios del gobierno saquean la riqueza del país o la entregan a las multinacionales extranjeras.

El conflicto del gas
Una de las consecuencias de la política entreguista de la burguesía boliviana desde 1985 fue la privatización de las principales empresas estatales y de los recursos naturales del país, política que alcanzó su cénit en la segunda mitad de los años 90. El propio Sánchez de Lozada (Goni) transfirió la propiedad de los hidrocarburos a las transnacionales dos días antes de que culminara su primer mandato presidencial en Agosto de 1997, por medio de un decreto secreto e ilegal, que ha sido demandado de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional boliviano.
Utilizando su derecho de propiedad “legal”, las transnacionales se apoderaron de las reservas de gas natural boliviano recién descubiertas que, con un volumen de 52 trillones de pies cúbicos, son las segundas más importantes de Sudamérica y están valoradas actualmente en por lo menos 80.000 millones $US (íbid.).
Para la explotación del gas se formó un consorcio de empresas denominado Pacific LNG, que está formado por las multinacionales Repsol-YPF, British Gas y Pan American Energy (British Petroleum). El objetivo es exportar el gas a los Estados Unidos a través de un gasoducto para llevar el gas hasta el puerto chileno de Iquique, donde se lo licuaría para luego ser cargado en buques hasta México, donde se regasificaría para ser transportado hasta California, negocio éste que les reportaría unos 1.300 millones US$ anuales, mientras que el Estado boliviano sólo recibiría de 40 a 70 millones US$.
Las organizaciones obreras, campesinas y populares de Bolivia demandan la derogación de la Ley de Hidrocarburos y la nacionalización del petróleo y el gas, además de la organización de un plan de industrialización para la explotación del gas que favorecería la reindustrialización del país, el suministro de energía barata a la población y al aparato productivo, y vender al exterior un producto transformado que permitiría ingresar importantes divisas.

El balance de las luchas de enero y febrero
Los últimos acontecimientos en Bolivia no caen como un rayo en medio de un cielo azul y despejado. En enero y febrero de este año, las movilizaciones de masas de los trabajadores, campesinos y sectores empobrecidos de las clases medias hicieron ya tambalear el gobierno de Sánchez de Lozada, preparando el terreno para este nuevo auge revolucionario de las masas.
En el mes de enero, los campesinos de la región del trópico de Cochabamba se movilizaron masivamente contra la erradicación del cultivo de la hoja de coca. Esta movilización también fue acompañada por miles de jubilados en reclamo de jubilaciones dignas, por los maestros y los estudiantes. Esta movilización se cobró 14 muertos a manos de la policía y el ejército.
A mediados del mes de febrero, el “impuestazo” decretado por el gobierno de Lozada, que consistía en una confiscación pura y simple de los salarios de los trabajadores para hacer frente al déficit de los gastos estatales, provocó el estallido social más importante hasta la fecha. La extraordinaria movilización de los trabajadores de las ciudades no sólo consiguió arrastrar a los campesinos y otras capas oprimidas de la sociedad, sino también a una parte de las capas bajas de la policía y de los soldados, que combatieron conjuntamente con los trabajadores en las barricadas. El balance de la represión gubernamental dejó 33 muertos y más de 200 heridos.
El gobierno de Lozada y el propio capitalismo pudieron haber sido derrocados entonces con un mínimo costo, pero las vacilaciones de los dirigentes de la COB y del MAS boiliviano lo impidieron. Carecían de un programa socialista alternativo y de una estrategia para la toma del poder por la clase obrera y los campesinos pobres bolivianos.
Independientemente de la honestidad o la valentía personal, Evo Morales y los otros dirigentes naturales del movimiento (por no hablar de los dirigentes de la COB) sentían que el terreno se abría debajo de sus pies al no saber dar una salida revolucionaria a la situación que demandaban las masas, y terminaron por aceptar una “tregua” con el gobierno de Lozada lo que le permitió a éste retomar el control de la situación, y sentirse con la confianza necesaria para reanudar sus ataques contra las masas y la entrega de la riqueza nacional a las multinacionales.

La “guerra del gas”
El viernes 19 de septiembre, Bolivia quedaba semiparalizada en una jornada nacional de protesta contra los planes del gobierno de Sánchez de Lozada. Más de 150.000 personas participaron en las diferentes marchas y concentraciones organizadas en diferentes ciudades del país. La más numerosa fue en Cochabamba, donde se concentraron más de 40.000 personas, la más importante de los últimos tiempos. En esta jornada se exigió la derogación de la Ley de Hidrocarburos, la revisión de las concesiones gasíferas privadas y la nacionalización e industrialización del gas.
Seis días antes, los campesinos del altiplano boliviano, dirigidos por el dirigente indígena Felipe Quispe, habían iniciado el bloqueo de los caminos para protestar contra la exportación y venta del gas y también para exigir la libertad de algunos dirigentes campesinos de su movimiento que habían sido detenidos.
En la mañana del día 20, se producía la masacre de Warisata, y la situación se transformaba completamente. El gobierno de Lozada que intentó dar un golpe sangriento para descarrilar el proceso revolucionario que se estaba incubando en el seno de las masas, provocó con esta acción todo lo contrario. Los campesinos de la zona salieron por cientos a los caminos enarbolando viejos fusiles mauser de la época de la revolución del 52 al grito de “guerra civil, guerra civil”.
Aunque no hubo más choques sangrientos, numerosos campesinos fueron detenidos, torturados y vejados, lo que aumentó la indignación y la rabia en las comunidades campesinas.
Entre el sábado 20 y el miércoles 24 la presión de las bases llevó a los dirigentes del MAS, la COB y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), del “Mallku” Felipe Quispe, a dar pasos efectivos para acelerar los planes de lucha. El martes 23 se constituyó en Cochabamba la Dirección Única de Movilizaciones, conformada por la COB, la CSUTCB, la Coordinadora en Defensa del gas, el Estado Mayor del Pueblo (en el que participa el MAS) y otras organizaciones populares.
Las consignas de las organizaciones obreras y populares se extendió al reclamo de la dimisión del Ministro de Defensa, Sánchez Berzaín, quien ordenó la masacre, y del Presidente Lozada.
Al día siguiente a la tarde, debido a las presiones incontenibles desde abajo, los dirigentes de la COB se vieron obligados a convocar un Ampliado Nacional de Emergencia de la COB con dirigentes, representantes y delegados de los mineros, campesinos, maestros, trabajadores fabriles y otras organizaciones sociales. En esta reunión del miércoles 24 se acordó la convocatoria de una Huelga General indefinida a partir del lunes 29 de septiembre, y el bloqueo nacional de caminos y rutas hasta lograr la renuncia del presidente Sánchez de Lozada.

La lucha entra en una fase decisiva
Tras la convocatoria de la COB, otros sectores se están pronunciando por unirse al movimiento: cocaleros, cooperativistas mineros, los campesinos organizados en el Movimiento Sin Tierra (MST), choferes de transportes, etc. Todos ellos se están sumando a la lucha exigiendo además al gobierno la satisfacción de sus propias demandas particulares.
Un hecho muy importante es la implicación en la lucha de los padres de los soldados conscriptos, la mayoría de los cuales están siendo utilizados para reprimir a los campesinos y para desbloquear los caminos. Así, el 24 de Septiembre la Asociación Nacional de Padres Conscriptos “otorgó un plazo de 24 horas para que el gobierno repliegue las tropas militares de las carreteras del altiplano de La Paz, caso contrario realizarán medidas de presión”.
Con el inicio de la huelga indefinida a partir del lunes 29, la lucha contra el sucio negocio del gas, y por el resto de demandas populares, entra en una fase decisiva. La dirección del movimiento, y muy particularmente de la COB, tiene una responsabilidad central en la misma. Los trabajadores, los campesinos, las mujeres y los jóvenes de las capas pobres y oprimidas de Bolivia tienen que sacar todas las lecciones de las batallas parciales libradas contra los capitalistas y su gobierno durante todo este año.
Una huelga general indefinida no es un juego de chicos. Indefectiblemente plantea la cuestión del poder, plantea quién gobierna realmente la sociedad y la economía. Se equivocarían gravemente los dirigentes de la COB, del MAS y de la CSUTCB si piensan que bastarán dos o tres días de huelga para hacer caer al gobierno corrupto y cipayo de Lozada o para que éste dé marcha atrás en sus planes sobre el gas. La cuestión del gas es un asunto de importancia fundamental para el imperialismo estadounidense, por motivos económicos y estratégicos. Una derrota del imperialismo norteamericano sobre esta cuestión en Bolivia, animaría a las masas del resto del continente a oponer la misma resistencia que sus hermanos bolivianos. La burguesía boliviana y el imperialismo norteamericano se juegan mucho en todo esto. No cederán fácilmente. Ellos intuyen que se acerca un choque decisivo y se preparan a conciencia para intentar dar un golpe sangriento contra el movimiento. La burguesía boliviana y el imperialismo no pueden tolerar permanecer indefinidamente bajo la amenaza constante a sus privilegios o a la obstrucción de sus intereses más vitales en el país por los levantamientos a intervalos regulares de las masas (como en enero, como en febrero y como, ahora, en septiembre) que amenazan con llevarse a su sistema y sus privilegios por delante. Necesitan, y buscarán, dar un escarmiento que sirva de lección a los trabajadores y campesinos para hacerles pagar por el miedo y el pánico que están pasando.
¿Quiere esto decir que la reacción es fuerte y las masas bolivianas son débiles, que la lucha está perdida antes de empezar? Todo lo contrario. La experiencia del último año demostró que la burguesía boliviana es muy débil y tienen que actuar con más prudencia porque sus bases sociales de apoyo, dada la extrema pauperización de las clases medias y de otros sectores políticamente atrasados, son mucho más débiles que en el pasado. Ni siquiera tienen confianza en controlar a la masa de soldados, como hemos visto expresado en el ambiente de sus familias. Por otro lado, la combatividad y el ambiente de revancha entre amplias capas de los trabajadores, campesinos y jóvenes contra el gobierno de Lozada y el imperialismo es muy grande tras las batallas parciales de enero y febrero y los últimos acontecimientos. De hecho, fue la presión de las bases la que obligó a los dirigentes a ponerse a la cabeza de la lucha.
El peligro reside en que, en el momento decisivo, la dirección del movimiento (como ocurrió en febrero) vacile, transmita inseguridad, falta de decisión y carezca de un objetivo revolucionario definido. Lo que puede llevar a la derrota del movimiento.